Qué rol cumplían el "Teto" Medina y cada uno de los integrantes de la organización

El reconocido conductor de TV se ocupaba de la cobertura mediática y redes sociales. Quién es quién en la comunidad terapéutica acusada de reducción a la servidumbre y estafa.

El director de la comunidad terapéutica "La Razón de Vivir" Néstor Zelaya y el reconocido conductor de TV Marcelo "Teto" Medina se presentaban como "operadores socio terapéuticos" en las charlas que daban sobre el funcionamiento del centro de rehabilitación de jóvenes adictos.

"Teto" Medina promocionaba sus charlas a través de la red Tik Tok. En una de las imágenes se lo veía en primer plano y, con el fondo de los jóvenes sentados en círculo, decía: "Por fin llegue a La Razón de Vivir, acá estamos con los chicos, tuvimos una charla re linda y como siempre decimos recuperarse y vivir mejor se puede. Aguante La Razón de Vivir".

El excoequiper de Marcelo Tinelli se ocupaba de la cobertura mediática y redes sociales. "Era la cara visible y pública de la asociación junto a Néstor Zelaya, simulando que la misma tenía una actividad lícita para captar más víctimas y perpetuar su impunidad a lo largo del tiempo, además de valerse de las redes sociales propias para captar más víctimas y proveer de material multimedia para las redes sociales de la asociación", dijeron fuentes de la investigación. 

También acusan a "Teto" Medina de "mantener contacto semanal con las víctimas para fortalecer su sometimiento y reducción a la servidumbre".

La investigación de la División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia de la PFA y la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía de Buenos Aires determinó los roles que cada uno de los detenidos cumplía en la estructura, que operaba en "quintas" ubicadas en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

"Teto" Medina -exVideoMatch- fue detenido en el marco de una causa por asociación ilícita y reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral en una comunidad destinada a la rehabilitación de personas con adicciones que él promocionaba. Hubo otros 16 detenidos.

La investigación se centró una comunidad terapéutica orientada para personas con adicciones de la localidad de Berazategui, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, donde se identificaron a unas 200 personas sometidas a trabajos y servicios de servidumbre con fines de explotación laboral.

Los detectives identificaron a más de 200 víctimas, entre los que hay menores, distribuidos en siete centros de rehabilitación y 19 victimarios. 

La denuncia precisa que en el rol de director general, Zelaya se encargaba de "coordinar la asociación; establecía contactos y realizaba apariciones en los medios de comunicación". Además, fijaba los aranceles a cobrar a las víctimas y sus familias; coordinaba la internación de nuevas víctimas; indicaba cómo debían ser las condiciones de servidumbre y trato, incluido el sistema de castigos y la prohibición de salir del establecimiento; indicaba la forma, condiciones y tipo de trabajos forzosos". 

La organización contaba con tres quintas y cada una tenía un director. Eduardo Humberto Zelaya dirigía la quinta 1; Mariano Jorge Torchia, la quinta 2 y Jorge Alberto Basilico, la quinta 3.

La administración estaba a cargo de Rosana Elizabeth Gómez y Rubén Ernesto Durán, y consistía "en realizar los cobros mensuales de las familias; acatar las directivas de los directores y el director general; gestionar y recibir el dinero que las familias enviaban para insumos y provisiones para las víctimas para luego desviarlo al acopio de la organización".

La tarea de coordinadores era realizada por Matías Nicolás Durán, Emilio David Nieva, Martín Ezequiel Arias, Alfredo Martín Córdoba, Damián Alberto Fernández Cáceres y Federico Risso Patrón.

El rol de sostener la promesa falsa de tratamiento psicológico habría sido llevado adelante por Fabiana Edith Canal y Valeria Fernanda Miceli, quienes "ejercían actos propios de la profesión de licenciadas en psicología sin poseer el título ni la autorización correspondiente para perpetuar en el tiempo la explotación laboral y servil de las víctimas".

El rol de captación de víctimas era supuestamente llevado a cabo por Sonia Elizabeth Córdoba, "quien contactaba posibles víctimas por distintos medios".


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